La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, salió a responder después de que el nombre de su municipio apareciera en el anuncio presidencial de los 100 drones aprehendidos por la DIAN en Cartagena. El cargamento, empacado en 21 bultos, tenía como destino una empresa domiciliada en esa localidad del Valle del Cauca, la misma donde hace dos meses un radar de la Aeronáutica Civil fue atacado con drones.
“En Candelaria no hay espacio para actividades que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía o facilitar acciones de organizaciones criminales”, afirmó la mandataria en un comunicado. Pero la frase deja abierta la pregunta que hoy se hacen muchos en el municipio: quién esperaba esos 100 drones y para qué.
Lo que dijo la alcaldesa de Candelaria
En su pronunciamiento, la alcaldesa de Candelaria puso a disposición la capacidad institucional de la Administración Municipal para apoyar a la DIAN, a la Fuerza Pública y a las autoridades judiciales en lo que necesiten para esclarecer el caso.
El mensaje tuvo dos destinatarios. Por un lado, las autoridades nacionales, a las que la Alcaldía ofreció colaboración. Por otro, los habitantes del municipio, que en septiembre vivieron de cerca el ataque con drones contra el radar de la Aeronáutica Civil y que ahora vuelven a ver a Candelaria mencionada en una noticia de seguridad.
El comunicado no se refiere a la empresa destinataria del cargamento ni da detalles sobre su actividad. Tampoco indica si la Alcaldía tenía algún registro o información previa sobre ella.
El anuncio que puso a Candelaria en el centro
La reacción llegó después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara en su cuenta de X, este 13 de noviembre, la aprehensión de los 100 drones con sus partes. Según el mandatario, la DIAN detuvo el cargamento en Cartagena cuando ingresaba al país con destino a una empresa domiciliada en Candelaria.
El presidente advirtió que equipos como estos “pueden terminar fortaleciendo las capacidades criminales de organizaciones narcoterroristas” y cerró con un mensaje directo: “A los criminales les advierto: no van a utilizar el cielo colombiano para sembrar terror”.
Hasta ahora, ni la Presidencia ni la DIAN han revelado el nombre de la empresa, el valor de la mercancía, el país de origen del envío ni la razón legal concreta de la aprehensión. Tampoco se ha informado de una investigación penal contra la compañía. El anuncio habló de un riesgo, no de un vínculo comprobado entre la empresa y algún grupo armado.
La pregunta que nadie ha respondido
Ese vacío es el que tiene en vilo a Candelaria. Una empresa puede importar drones para fumigación de cultivos, topografía, fotografía o vigilancia, actividades comunes en una zona agrícola y cañera como esta parte del Valle del Cauca. Pero mientras no se conozca su identidad ni el uso declarado de los equipos, el municipio carga con la sospecha sin tener cómo despejarla.
La Alcaldía, según su comunicado, quiere estar del lado de quienes investigan. La respuesta de fondo, sin embargo, depende de lo que establezcan la DIAN y, si hay méritos, la Fiscalía.
El antecedente que nadie olvida en Candelaria
La preocupación tiene una fecha. El 16 de septiembre de 2026, hacia las 7:00 de la mañana, tres detonaciones atribuidas a drones impactaron la esfera protectora del radar 3D de la Aeronáutica Civil, en el sector El Carmelo de Candelaria.
Ese radar, inaugurado en julio de 2025 con una inversión de 41.400 millones de pesos, fue el primer radar civil 3D del país. Funciona sobre una torre de 30 metros y apoya las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. El ataque no dejó heridos, pero encendió las alarmas sobre la seguridad aérea en el suroccidente.
En ese momento, la alcaldesa de Candelaria pidió reforzar la seguridad en el municipio, y la Gobernación del Valle y la Alcaldía ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre los responsables. Una de las hipótesis de las autoridades apuntaba a estructuras del Estado Mayor Central, aunque no hay una decisión judicial que lo confirme.
Drones, una amenaza que sigue creciendo
El caso de Candelaria se suma a un fenómeno nacional. La Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 146 % en los ataques con drones durante el primer semestre del año, con un promedio cercano a 30 ataques al mes. En septiembre, el Gobierno ya había anunciado incautaciones de contrabando que incluían drones y restringió el ingreso de sus partes a los puertos de Cartagena y Bogotá para concentrar los controles.
Por ahora, la alcaldesa de Candelaria dejó clara su posición. Falta que las autoridades digan quién estaba detrás del pedido y si esos 100 drones tenían un uso legal o iban camino a otras manos.
