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Risaralda • Conflicto por contratación del ICBF en Risaralda

Madres comunitarias de Pereira denuncian riesgo laboral

Más de 115 madres comunitarias cuestionan la contratación de un nuevo operador del ICBF y advierten posibles afectaciones a más de mil niños.

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Valentina Ocampo
Pereira, Risaralda, Colombia. • 16 de November, 2026 - 16:10
Imagen suministrada de una movilización de mujeres. Las madres comunitarias de Pereira cuestionan la contratación de un operador del Cesar para los servicios del ICBF.
Imagen suministrada de una movilización de mujeres. Las madres comunitarias de Pereira cuestionan la contratación de un operador del Cesar para los servicios del ICBF. Foto: Redes sociales
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Madres comunitarias de Pereira denuncian riesgo laboral

Más de 115 madres comunitarias de Pereira denunciaron que su continuidad laboral estaría en riesgo debido a la contratación de un operador procedente de Valledupar, Cesar, para prestar servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las trabajadoras advierten posibles consecuencias para más de mil niños y niñas.

La preocupación fue expresada por representantes de las trabajadoras, quienes cuestionan el cambio de operador y solicitan que se revise el proceso de contratación. Según su denuncia, la situación no solamente comprometería su permanencia en los hogares comunitarios, sino también la prestación del servicio a las familias beneficiarias.

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Yadira Becerra, presidenta del sindicato de madres comunitarias Sintracihobi, aseguró que las organizaciones locales cuentan con una trayectoria superior a 20 años en la atención de la primera infancia y considera que esa experiencia debe ser tenida en cuenta.

¿Por qué protestan las madres comunitarias de Pereira?

El motivo de la inconformidad es la contratación de un operador proveniente de Valledupar, en el departamento del Cesar, que asumiría la prestación del servicio en hogares comunitarios de Pereira.

Según las representantes sindicales, la decisión atribuida al director regional encargado del ICBF genera incertidumbre sobre la continuidad de las trabajadoras que actualmente participan en el programa.

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Las madres comunitarias sostienen que las organizaciones locales han desarrollado durante más de dos décadas una labor de acompañamiento a niños y familias en diferentes sectores de la capital risaraldense.

Para las trabajadoras, la experiencia acumulada y el conocimiento de las comunidades son aspectos que deberían considerarse al momento de definir quién administra el servicio.

Sin embargo, la contratación de una organización de otra ciudad no demuestra, por sí sola, que las madres comunitarias perderán sus puestos. Para establecer las consecuencias laborales es necesario conocer las condiciones del contrato, las obligaciones del nuevo operador y las decisiones relacionadas con el personal actual.

La solicitud del sindicato consiste en revisar el proceso y obtener garantías sobre la continuidad de las trabajadoras.

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Más de mil niños podrían verse afectados, según el sindicato

La denuncia también plantea una preocupación relacionada con la atención de la primera infancia.

De acuerdo con las madres comunitarias, más de mil niños y niñas vinculados a los hogares podrían verse afectados por las dificultades que, según ellas, se presentan en la prestación del servicio.

Las trabajadoras aseguran que la atención no se estaría desarrollando adecuadamente. No obstante, todavía se requiere establecer cuáles son las dificultades concretas, desde cuándo se presentan y cuántos beneficiarios han experimentado interrupciones.

Los sectores mencionados en la denuncia son Altagracia, San Joaquín, Las Mercedes, Caimalito, Galicia, Laureles y Arabia, ubicados en diferentes zonas de Pereira.

En estos territorios, los hogares comunitarios representan un servicio dirigido a la primera infancia y sus familias. Por esa razón, cualquier modificación en su operación debe examinarse tanto desde las condiciones de las trabajadoras como desde la continuidad de la atención.

La cifra de más de mil niños corresponde a lo señalado por las denunciantes y está pendiente de contrastarse con los registros oficiales del ICBF.

¿Qué respondió el ICBF sobre la contratación de las madres comunitarias?

La controversia tiene un elemento que cambia el panorama para las trabajadoras: el ICBF sostiene que el nuevo operador sí ha manifestado disposición para contratarlas.

El 8 de noviembre, la directora general del instituto, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró mediante un pronunciamiento oficial que las madres comunitarias pueden conocer directamente las oportunidades de vinculación y las condiciones laborales ofrecidas.

La funcionaria también defendió el procedimiento utilizado para seleccionar al operador y explicó que la decisión corresponde al ICBF, de acuerdo con sus normas de contratación.

De esta manera, existen dos posiciones diferentes. El sindicato cuestiona la selección de una organización externa y reclama garantías para las trabajadoras, mientras que el instituto sostiene que la procedencia del contratista no constituye por sí misma una irregularidad.

La directora también manifestó preocupación por reportes según los cuales desde el sindicato se estaría recomendando a las madres no aceptar las ofertas de contratación. Se trata de un señalamiento institucional que no debe presentarse como un hecho demostrado.

La respuesta oficial deja una diferencia fundamental entre la disponibilidad de ofertas laborales y la contratación efectiva de las trabajadoras. Hasta ahora, la información consultada no permite establecer cuántas madres comunitarias han firmado contratos con el nuevo operador.

Tampoco se ha confirmado mediante un balance oficial actualizado cuántos hogares están funcionando, cuántos niños reciben el servicio y cuáles serían las condiciones definitivas de vinculación.

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