En 2015, el Concejo de Zarzal aprobó la creación de una empresa de economía mixta para manejar temas de tránsito en el municipio. Once años después, esa sociedad, que hoy se llama Dicitec y tiene su sede en Bogotá, está en el centro de una denuncia penal ante la Fiscalía por contratos del SIMIT, el sistema nacional donde se registran las multas de tránsito de todo el país.
La denuncia la radicó el abogado Ricardo Ruge Cabrera contra Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios); contra Enrique Alfonso López Pinilla, gerente de Dicitec, y contra Fabio Antonio Ríos Urrea, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Antioquia (Masora). Se trata de una denuncia, no de una imputación: la Fiscalía deberá evaluar si abre una investigación, y los señalados se presumen inocentes.
Cómo nació en Zarzal la empresa del SIMIT
Según la información publicada por el periódico La Región y la denuncia conocida por varios medios nacionales, en junio de 2015 se constituyó en Zarzal la sociedad de economía mixta Transporte y Tránsito Seguro de Zarzal Valle S.E.M. S.A.S. Sus socios eran el municipio, Fedemunicipios, Masora y socios privados.
Para crearla, la ley exigía una autorización previa del Concejo Municipal, que se dio mediante un acuerdo. En 2018, la empresa cambió su razón social a Dicitec S.E.M. S.A.S. y trasladó su domicilio a Bogotá.
El carácter mixto, con participación pública, es clave en la denuncia. Según el abogado, eso le permitió a la empresa celebrar convenios y contratos interadministrativos de manera directa, sin pasar por licitaciones abiertas.
Qué pasó con las acciones de Zarzal
Uno de los puntos que pide revisar la denuncia es qué pasó con las acciones que originalmente pertenecían al municipio de Zarzal. Según lo publicado por Infobae, hoy Masora tendría el 50,1 % de Dicitec, Fedemunicipios el 5 % y el resto estaría en manos de empresas privadas.
La denuncia pide a la Fiscalía revisar las actas, las autorizaciones del Concejo, los libros de accionistas y los estados financieros. Esos documentos de 2015 reposan en la Alcaldía y el Concejo de Zarzal.
Lo que señala la denuncia
Fedemunicipios administra el SIMIT por mandato legal y puede quedarse con el 10 % del recaudo nacional por comparendos para operar la plataforma.
De acuerdo con la denuncia, desde 2015 Gilberto Toro habría direccionado contratos del SIMIT hacia Dicitec, una sociedad en la que la propia Federación es accionista. Al menos seis contratos registrados en el Secop sumarían más de $43.181 millones, y la cifra llegaría a unos $45.800 millones si se incluyen un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos.
El abogado también cuestiona que más de la mitad de esos recursos habría terminado en manos de privados. En uno de los convenios, por $25.290 millones, Dicitec habría subcontratado a otra empresa por más de $17.432 millones.
Entre las conductas que la denuncia plantea de manera preliminar están el interés indebido en la celebración de contratos, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el concierto para delinquir. Todas tendrán que ser establecidas por la Fiscalía y, eventualmente, por un juez.
Hasta la publicación de esta nota, El Norte Hoy no encontró un pronunciamiento público de Fedemunicipios, de Gilberto Toro, de Dicitec ni de Masora sobre la denuncia.
Por qué importa a los conductores
La denuncia también pide revisar comparendos de unos 7,5 millones de conductores en el país. Según el abogado, cerca de 6 millones figuran como morosos o tienen embargos, y alrededor de 1,5 millones ya pagaron.
El proceso se suma a las investigaciones de la Superintendencia de Transporte sobre fotomultas en varios municipios, algunos del Valle del Cauca, y a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en septiembre de 2026, ordenó a Fedemunicipios devolver más de $84.752 millones en excedentes y rendimientos financieros del SIMIT a municipios y distritos.
Para Zarzal, la pregunta va más allá del proceso penal: qué recibió el municipio por haber sido socio fundador de la empresa y si todavía conserva alguna participación en ella.

