El caso de Sofía Delgado destapa fallas en el sistema judicial colombiano
Nuevos detalles han emergido en el caso de Sofía Delgado, la niña de 12 años asesinada en Candelaria, Valle del Cauca. Brayan Campo, el principal sospechoso, tenía antecedentes por abuso sexual, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. El caso ha generado indignación en la comunidad y reabierto el debate sobre la eficacia del sistema judicial en Colombia.
El recorrido judicial del agresor de Sofía Delgado
El historial delictivo de Brayan Campo, de 32 años, está marcado por un caso previo de abuso sexual en 2018. A pesar de las pruebas en su contra, el proceso judicial se dilató por ausencias a audiencias clave entre abril y junio de 2019. Finalmente, en 2020, Campo fue liberado por vencimiento de términos, un fallo que, según los críticos, expone las debilidades del sistema judicial.
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Omar Fabio Saa, juez del Juzgado 6 Penal de Palmira, explicó que, a pesar de las acusaciones, el caso sigue en etapa de juicio tras seis años. “Estamos en la práctica de pruebas, y la Fiscalía aún presenta testigos”, comentó Saa. Este antecedente fue clave para que los investigadores del caso de Sofía comenzaran a perfilar a Campo como el principal sospechoso de su desaparición.
La desaparición y el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado
El 29 de septiembre, Sofía salió de la casa de su abuela en Villa Gorgona hacia su hogar. Planeaba recoger un champú para bañar a la mascota de la familia. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Cámaras de seguridad la captaron caminando sola a las 2:36 p.m., pero no se registraron imágenes posteriores, lo que limitó el área de búsqueda.
La familia denunció la desaparición ese mismo día, lo que activó un operativo que incluyó drones, patrullajes y búsquedas casa por casa. Durante las pesquisas, una familia del sector informó que Brayan Campo había intentado raptar a otra menor ese mismo día. Este hecho, junto con su historial, despertó sospechas entre las autoridades.
Cinco días después, las autoridades registraron el local de Campo, una tienda de artículos para mascotas. Allí encontraron rastros de sangre que conectaron al sospechoso con la desaparición de Sofía. Finalmente, el 17 de octubre, Campo confesó el crimen y reveló que había enterrado el cuerpo de la niña en un cañaduzal cercano.
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Indignación y debate sobre el sistema judicial
La revelación de los antecedentes de Campo ha desatado una ola de indignación en la comunidad. Organizaciones sociales y familiares de la víctima han exigido reformas estructurales en el sistema judicial colombiano para garantizar que los procesos no se dilaten y se eviten tragedias similares.
“Es inaceptable que un hombre con estos antecedentes estuviera en libertad para hacerle daño a otra niña. El sistema judicial debe asumir su responsabilidad”, comentó un vocero de una organización de derechos de los niños.
El caso de Sofía Delgado ha dejado al descubierto no solo la vulnerabilidad de las niñas en Colombia, sino también las graves fallas en la protección y administración de justicia. Mientras tanto, la comunidad de Candelaria sigue demandando justicia y medidas concretas para prevenir estos crímenes en el futuro.
