La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha aclarado que las autoridades judiciales sí pueden tomar medidas de embargo sobre animales, incluyendo perros, en casos civiles. La decisión se tomó después de que un juzgado de familia decretara una medida de embargo y secuestro de dos perros que eran animales de compañía en un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso.
La mujer en cuestión presentó una tutela alegando que la medida de embargo no solo era irregular, sino que también afectaba los derechos de su hijo, quien consideraba a los perros como parte de la familia. Los perros en cuestión eran un American Bully de 5 años y un criollo de 6 años, quienes según la mujer, habían desarrollado un vínculo afectivo y emocional muy fuerte con su hijo.
En primera instancia, un Tribunal negó la tutela asegurando que la mujer podía acudir a otro mecanismo de defensa, como la oposición a la diligencia de secuestro. Sin embargo, en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia determinó que la tutela no procedía en este caso, y que la mujer tenía la posibilidad de presentar su oposición para que, en el marco del incidente respectivo, sometiera a escrutinio del juez de familia las especiales circunstancias aducidas en esta sede, como la alegada ‘propiedad’ sobre los perros y la existencia de vínculos afectivos.
Esta decisión ha dejado en claro que las autoridades judiciales sí pueden tomar medidas de embargo sobre animales, incluyendo perros, en casos civiles. No obstante, también se ha dejado claro que los dueños pueden presentar su oposición y someter a escrutinio las especiales circunstancias relacionadas con los animales en cuestión.
