Fiscalía destapa escándalo: altos rangos de la Policía Nacional involucrados en el caso.

La interceptación ilegal a las exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Camila Sarabia Torres, ha dado un giro inesperado. La Fiscalía General de la Nación ha presentado, ante un juez de control de garantías, a cuatro miembros de la Policía Nacional, quienes presuntamente habrían inducido en error a fiscales y jueces con el objetivo de lograr las interceptaciones.

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El 30 de enero del presente año, los dos primeros implicados, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, al parecer, acudieron con informes falsos ante un fiscal especializado en Quibdó. Con estos, buscaban el aval para interceptar las líneas de alias La Madrina y La Cocinera, supuestas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’. Sin embargo, las pruebas revelan que estos alias pertenecían en realidad a las exempleadas de la exjefe de Gabinete.

Documentos falsos y desinformación: la trama para intervenir las comunicaciones de exempleadas y allegados de Laura Camila Sarabia Torres.

A principios de febrero, el escenario cambió. El intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla, presuntamente, presentaron dos informes ante una fiscal de Bogotá, solicitando intervenir las comunicaciones de tres personas: la exniñera del hijo de Sarabia Torres y dos amigos cercanos. Estos informes pintaban a los sujetos como integrantes de una banda delictiva en Bogotá, lo cual, de ser cierto, pondría en perspectiva los móviles detrás de las interceptaciones.

Lo que revelan las pruebas es una trama en la que estos exfuncionarios brindaron información equivocada, que luego fue presentada ante jueces para validar sus acciones. Todo parece indicar que el objetivo ulterior era relacionar a la exniñera y a una exempleada con la desaparición de una maleta con dólares y otros objetos de valor.

Rápida acción judicial: Delitos graves, medidas de aseguramiento y la defensa de la democracia

La justicia respondió rápidamente. Una fiscal especializada en corrupción imputó delitos graves a los cuatro uniformados: falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Además, imputó a el intendente Quinchanegua y a la patrullera Canizales Bonilla el delito de falsedad material en documento público agravado. A pesar de que los procesados rechazaron los cargos, el juez decretó medidas de aseguramiento carcelario para tres de ellos. En contraste, solo a la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla se le otorgó una medida no privativa de libertad.

Dado el contexto, este caso desvela serias implicaciones y plantea preguntas sobre la integridad de ciertos miembros de las fuerzas del orden y el sistema judicial. Además, la realización de interceptaciones ilegales a individuos vinculados a personalidades destacadas pone en riesgo la democracia y la privacidad ciudadana.

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En medio del tumulto, la Fiscalía ha reafirmado su compromiso de actuar con contundencia y de «hablar con resultados». La investigación continúa, pero lo que está claro es que este es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las garantías y mecanismos de control en el país.

La divulgación de este caso obedece a razones de interés general, siendo un deber informar a la ciudadanía sobre acontecimientos de tanta relevancia en la esfera judicial y política.