Multas y apelaciones de las empresas sancionadas
Audifarma deberá pagar una multa equivalente a 230 salarios mínimos legales vigentes, lo que representa aproximadamente $266 millones. En el caso de Sumiprocesos, la sanción asciende a 250 salarios mínimos, es decir, cerca de $355 millones.
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Ambas compañías tienen la posibilidad de apelar la decisión ante la Delegatura de Investigaciones Administrativas o el Superintendente Nacional de Salud. El plazo para presentar el recurso es de diez días hábiles tras la notificación oficial de la resolución. Las multas solo deberán ser pagadas cuando la sanción quede en firme, es decir, una vez se agoten todos los recursos administrativos.
Vacíos jurídicos y futuras regulaciones
La Superintendencia Nacional de Salud ha fortalecido su vigilancia sobre los gestores farmacéuticos en el último año. En agosto de 2024, el entonces superintendente Luis Carlos Leal realizó visitas sorpresa a farmacias, donde evidenció problemas como el desabastecimiento de medicamentos y falta de pagos a los laboratorios.
El aumento del papel de los gestores farmacéuticos en el sistema de salud ha superado el desarrollo de la normativa que los regula. Según la Supersalud, en el último año el 18% de los reclamos registrados en el sistema estuvieron relacionados con la negación de medicamentos o entregas incompletas. Este porcentaje representa 290.836 quejas, de las cuales 276.014 corresponden a tecnologías cubiertas por la UPC (Unidad de Pago por Capacitación).
La entidad también reveló que existe un vacío jurídico en la regulación de los gestores y operadores logísticos de tecnologías en salud. A diferencia de las EPS, los gestores no están sujetos a un marco normativo robusto. En la actualidad, no hay un registro oficial de gestores farmacéuticos habilitados, lo que dificulta la supervisión de su capacidad operativa.
Hacia una nueva regulación en el sector
La Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud trabajan en la formulación de una regulación más estricta para los gestores farmacéuticos. Se busca establecer un registro obligatorio de estas empresas, definir límites en el número de usuarios que pueden atender y mejorar la supervisión de los contratos con las EPS.
Además, se estudia la posibilidad de imponer sanciones más severas, incluyendo la intervención de gestores que incumplan reiteradamente sus obligaciones. Otra propuesta en discusión es la eliminación de intermediarios en la compra de medicamentos por parte de las EPS intervenidas, lo que podría generar una mayor eficiencia en el sistema.
El superintendente Giovanny Rubiano García enfatizó que estas medidas buscan garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y mejorar la calidad del servicio para los afiliados.
Motivos de la sanción a Audifarma y Sumiprocesos
Audifarma, uno de los gestores farmacéuticos más grandes del país, fue sancionado por deficiencias en los reportes de información y por incumplimiento reiterado en la dispensación de medicamentos ambulatorios en el departamento de Caldas. Esta situación afectó a los afiliados de diversas EPS con las que la empresa mantenía contratos.
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Actualmente, Audifarma atiende a más de dos millones de usuarios mensuales y cuenta con una amplia red de establecimientos. Sin embargo, enfrenta un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades desde finales del año pasado.
Por su parte, Sumiprocesos operaba en La Guajira bajo contrato con una EPS Indígena. La auditoría de la Supersalud detectó irregularidades en la entrega de dispositivos médicos, falta de información requerida y la omisión en la suscripción de un plan de mejoramiento, el cual es obligatorio para corregir deficiencias en el servicio.
