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Crisis en cárcel Peñas Blancas por falta de atención médica
Crisis en la cárcel Peñas Blancas: alerta por emergencia humanitaria
La cárcel Peñas Blancas en Calarcá, Quindío, enfrenta una de las situaciones más críticas de los últimos años. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han emitido una alerta por emergencia humanitaria debido a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los internos.

Cárcel Peñas Blancas: sin médicos y con hacinamiento extremo
Durante una visita reciente al Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Peñas Blancas, se comprobó la ausencia total de personal médico.
Desde mediados de marzo, no hay médicos disponibles, lo que ha generado un represamiento grave en la atención de salud. Muchos internos han visto agravadas sus enfermedades, y varios han manifestado intenciones de huelga o incluso motines.
Esto vulnera directamente el derecho fundamental a la salud, especialmente en una población que requiere atención permanente y está bajo la protección del Estado.
El panorama es aún más crítico por el hacinamiento. El centro fue diseñado para 950 personas, pero actualmente alberga 1.194 internos, lo que representa un exceso de más del 25%. Esta situación intensifica los problemas de salubridad, la falta de acceso a servicios básicos y el deterioro físico y mental de los reclusos.

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Ministerio Público exige acciones urgentes en cárcel Peñas Blancas
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría exigieron medidas inmediatas a distintas entidades.
Al Inpec, le solicitaron suspender temporalmente el ingreso de nuevos internos al EPC Calarcá, ya que no existen condiciones mínimas para garantizar la vida y la salud de los actuales reclusos. Además, el EPC Armenia —centro alterno cercano— ya tiene cierres parciales por brotes de varicela, lo que limita opciones de traslado.
También se pidió al Fondo de Atención en Salud PPL y a Medisalud UT asignar personal médico y de enfermería de manera urgente, incluso trasladando profesionales desde otras cárceles.
La falta de contratos y la mala planeación en salud han sido calificadas como trato cruel, inhumano y degradante, violando tanto la Constitución como sentencias vigentes de la Corte Constitucional, como la T-388/13 y SU122/22.
En paralelo, las Secretarías de Salud del Quindío y de Calarcá deben organizar brigadas integrales para atender los casos más graves.
También se solicitó a la Gobernación del Quindío convocar el Comité Penitenciario y Carcelario con carácter urgente para analizar las consecuencias de un cierre parcial o total del establecimiento.

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Internos del Patio 5A: los más afectados por la emergencia
Uno de los puntos más críticos del penal es el Patio 5A, donde conviven adultos mayores, personas LGBTIQ+ y enfermos con patologías de alto costo.
Allí, la situación es aún más precaria: la escasez de agua potable ha obligado a los internos a usar un pozo antiguo para abastecerse, lo que representa un riesgo sanitario adicional.
Además, la vulnerabilidad de estas poblaciones exige atención prioritaria por parte del Estado. Las condiciones inhumanas y la falta de respuesta institucional exponen a los internos a violaciones sistemáticas de sus derechos.

Trato cruel e inhumano: el llamado final del Ministerio Público
La conclusión de la Procuraduría y la Defensoría fue contundente: lo que ocurre en Peñas Blancas es una crisis de derechos humanos.
La ausencia de atención médica, el hacinamiento, la escasez de agua y la desatención a grupos vulnerables constituyen un trato degradante, cruel e inhumano, según estándares constitucionales y jurisprudenciales.
Ambas entidades hicieron un llamado urgente a todas las autoridades competentes para implementar soluciones inmediatas y estructurales.
El objetivo: garantizar una atención en salud continua, digna y eficaz para una población que, aunque privada de su libertad, sigue teniendo derechos fundamentales que el Estado debe proteger.
Gobernador de Risaralda exige seguridad en vía al Chocó
Gobernador exige seguridad en vía al Chocó por amenazas
Juan Diego Patiño insiste en un Consejo Regional de Seguridad para frenar la acción de grupos ilegales que afectan la movilidad en límites con el Chocó.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, reiteró este viernes su llamado urgente al Ministerio de Defensa y a las autoridades del Eje Cafetero y del Pacífico, para que se convoque de manera inmediata un Consejo Regional de Seguridad. La solicitud se da tras el recrudecimiento de acciones violentas de grupos armados ilegales que están generando bloqueos y amenazas en la vía que comunica al departamento con el Chocó.
“Necesitamos acciones conjuntas y decididas. La seguridad no puede esperar,” afirmó el mandatario, subrayando la importancia de intervenciones coordinadas para garantizar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Consejo Regional de Seguridad: una necesidad urgente
La solicitud del gobernador surge luego de una reunión sostenida con representantes del sector transportador del departamento.
Transportadores expresaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan al movilizarse por la vía hacia el Chocó. Según relataron, las constantes amenazas, bloqueos y presencia de actores armados han afectado no solo el tránsito de pasajeros y mercancías, sino también el derecho al trabajo y la tranquilidad de las comunidades.
Durante el encuentro, Juan Diego Patiño planteó la urgencia de sumar esfuerzos interdepartamentales. Propuso que los departamentos involucrados canalicen recursos desde sus fondos de seguridad, a fin de garantizar operativos sostenidos, presencia militar en puntos críticos y un plan articulado de protección para quienes transitan por esta ruta estratégica.
“Ayer estuvimos reunidos con delegados de los transportadores. Hoy reiteramos el llamado al Ministro de Defensa y a todas las autoridades regionales. Es momento de unir fuerzas para recuperar la tranquilidad y el libre tránsito en esta región,” expresó el gobernador.

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Fondos de seguridad y articulación regional: la propuesta
El gobernador también indicó que, aunque Risaralda ha hecho esfuerzos por asegurar su territorio con apoyo del Ejército Nacional y la Policía, la situación en la zona limítrofe con el Chocó sigue siendo delicada. Por ello, insistió en que se requiere una estrategia más amplia, donde los gobiernos departamentales del Eje Cafetero y el Pacífico se comprometan a invertir en seguridad de manera conjunta.
“Si articulamos nuestras inversiones, si desde los fondos de seguridad construimos una estrategia común, vamos a lograr mejores resultados. Lo que está en juego es la seguridad y el bienestar de la región,” puntualizó el mandatario.
La idea de realizar un Consejo Regional de Seguridad, según explicó, también permitiría definir una hoja de ruta clara con compromisos institucionales, recursos asignados y responsabilidades definidas para cada actor territorial.
El mandatario fue enfático en que el corredor vial hacia el Choc
ó no puede seguir siendo una zona vulnerable, especialmente ante la amenaza de grupos ilegales que buscan imponer control sobre los territorios.

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La vía al Chocó: ruta clave para la región
Esta vía no solo conecta a Risaralda con el litoral Pacífico, sino que también es una arteria esencial para el comercio, el turismo y el intercambio cultural entre ambas regiones. Su deterioro en materia de seguridad representa una afectación directa al desarrollo económico, el abastecimiento de alimentos y el acceso a servicios para miles de ciudadanos.
Por ello, la solicitud del gobernador no solo responde a un clamor local, sino también a una preocupación estratégica para la región.
En este contexto, el Consejo Regional de Seguridad no sería un espacio de debate simbólico, sino una mesa de acción inmediata que permita coordinar respuestas institucionales frente a una amenaza real.
El gobernador recordó que en ocasiones anteriores ya se han hecho llamados similares, pero los hechos recientes demuestran que la inseguridad sigue avanzando y no se puede postergar una respuesta más contundente.
Choque en la vía Panamericana deja víctimas fatales
Accidente en la vía Panamericana: dos jóvenes fallecidos
Un aparatoso choque vehicular en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, dejó como saldo dos personas muertas y diez heridas durante la madrugada del sábado 3 de mayo. El trágico suceso ocurrió en el sector conocido como Esmeraldas, a la altura de la vereda Tunía, municipio de Piendamó.
Las víctimas fatales fueron dos menores de edad, quienes murieron en el lugar tras el impacto entre un automóvil y un camión. El choque se registró hacia las 3:00 a. m., según el reporte de los organismos de socorro y medios de la región. El hecho ha generado gran consternación en la comunidad, dada la magnitud de la tragedia.
La emergencia fue atendida inicialmente por los bomberos del corregimiento de Tunía, con el apoyo de los voluntarios del municipio de Piendamó. Cuatro ambulancias oficiales y dos particulares se movilizaron al sitio para brindar atención a los heridos.

Choque Panamericana: tráfico cerrado por horas
Como consecuencia del siniestro vial, la vía Panamericana fue cerrada por varias horas, mientras se desarrollaban las labores de rescate y limpieza. Los vehículos involucrados en el accidente quedaron atravesados sobre la carretera, dificultando el tránsito en este importante corredor vial del suroccidente colombiano.
Uno de los vehículos involucrados, un automóvil, quedó completamente destruido tras impactar con fuerza contra el camión. Las imágenes registradas por periodistas locales muestran cómo el carro quedó convertido en chatarra, lo cual obligó a usar herramientas especiales para extraer a algunos de los heridos.
Las autoridades no han revelado aún las identidades de las víctimas mortales, mientras avanza el proceso de verificación.

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Piden reforzar controles de seguridad vial en la Panamericana
Este nuevo accidente vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de mejorar la seguridad vial en la carretera Panamericana, especialmente en los tramos comprendidos entre Popayán y Cali, donde son frecuentes los siniestros graves.
“Este tipo de incidentes nos recuerda que no podemos bajar la guardia en materia de prevención.
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“Es muy triste ver cómo familias pierden a sus seres queridos en cuestión de segundos. Necesitamos más controles, pero también más conciencia por parte de los conductores”, expresó un habitante de la vereda Esmeraldas, testigo del siniestro.

Papá de Sofía: Se hizo justicia, no quedó impune
Padre de Sofía Delgado celebra la histórica condena de 58 años a Brayan Campo
Este 2 de mayo se conoció la condena por feminicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo caso estremeció al país. El juez dictó una pena ejemplar de 58 años y tres meses de prisión para Brayan Campo, el hombre que confesó haberla raptado y asesinado. Su padre, Cristian Delgado, asegura que se logró justicia tras meses de lucha para evitar la impunidad.

Condena por feminicidio de Sofía Delgado genera alivio en su familia
Cristian Delgado habló con medios nacionales luego de conocerse la condena que muchos consideran histórica. “Se luchó para que no quedara en la impunidad”, afirmó el padre de la menor.
Con voz entrecortada y visible emoción, declaró: “Imagínate, qué más regalo para uno que esto. Sofía iba a cumplir 13 años mañana. Qué mejor noticia que hoy, un día antes de su cumpleaños, se dé la condena de este sujeto”. Aunque la herida de su pérdida es irreparable, el dictamen representa un acto de justicia.
Durante meses, la familia de Sofía no se quedó en silencio. Participaron activamente en marchas, se hicieron presentes en el Congreso y presionaron ante la Fiscalía y la Procuraduría para evitar demoras en el proceso. La indignación colectiva también jugó un papel clave para mantener la presión mediática.
El crimen ocurrió en Villagorgona, corregimiento de Candelaria, Valle del Cauca. Sofía desapareció el 29 de septiembre de 2023 cuando salió a comprar champú para su mascota. Dieciocho días después, su cuerpo fue hallado desmembrado en un cañaduzal. La Fiscalía identificó como autor a Brayan Snaither Campo, vecino y dueño de la tienda a la que la niña se dirigía.

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Condena por feminicidio de Sofía Delgado: una de las más altas en Colombia
La pena impuesta a Campo se convirtió en una de las más severas por este tipo de crimen en la historia judicial del país. La sentencia de 700 meses de prisión sienta un precedente claro en la lucha contra la violencia hacia menores.
Este caso también reveló fallas previas del sistema judicial. Campo ya tenía antecedentes por abuso sexual de otra menor en 2018. En ese entonces, recuperó su libertad por vencimiento de términos. En febrero de este año, fue condenado a 10 años y 7 meses por ese caso. Sin embargo, ya había cometido el crimen contra Sofía.
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Cristian Delgado reconoció el respaldo de las autoridades locales durante todo el proceso. “Siempre estuvieron muy pendientes, tanto del municipio como del corregimiento”, señaló. A pesar de ese acompañamiento, insiste en que el país debe aprender de este caso. “Que ya la persona que piense hacerle algo a un niño, mire la consecuencia a la que puede someterse en cuanto al abuso de un menor de edad o una violación”, concluyó.
El feminicidio de Sofía provocó una ola nacional de indignación. Muchos sectores sociales, organizaciones y ciudadanos se movilizaron para exigir justicia. La condena impuesta ahora es vista como un mensaje claro de que este tipo de delitos no quedarán impunes.

Ayudas para damnificados del invierno
Llegan ayudas humanitarias de la Gobernación del Valle para los afectados por el invierno. Alimentos, kits de aseo y más insumos fueron entregados a las familias. Seguimos gestionando apoyo para quienes más lo necesitan.