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jueves, enero 16, 2025
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Cámara aprueba reforma al Sistema General de Participaciones

Aprobada reforma al SGP: aumento de transferencias a los territorios genera apoyo y críticas por su impacto fiscal.

Cámara aprueba reforma al Sistema General de Participaciones: un cambio histórico y polémico

La Cámara de Representantes aprobó en su último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), tras casi 12 horas de deliberaciones. Este proyecto, que ahora deberá ser conciliado con el Senado antes de pasar a sanción presidencial, busca modificar el modelo de transferencias del Gobierno Nacional a los entes territoriales, incrementando significativamente su participación en los ingresos corrientes del Estado. Aunque es considerado un hito en la descentralización, genera serias preocupaciones sobre el impacto fiscal.

¿Qué implica la reforma al Sistema General de Participaciones?

El Sistema General de Participaciones es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para financiar servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta reforma es una de las más trascendentales desde la Constitución de 1991, devolviendo mayor autonomía a las regiones.

El proyecto aprobado aumenta las transferencias del 20% actual a un 39.5% de los ingresos corrientes del Estado, aunque inicialmente se proponía un 46%.Buscan fortalecer el desarrollo regional con inversiones locales y cumplir la promesa de descentralización de hace tres décadas.

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Cristo afirmó: “Durante los ocho debates se ajustó y mejoró el proyecto, superando diferencias y temores. Esta es una reforma necesaria para que los territorios sean protagonistas de su propio desarrollo”.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, destacando los riesgos fiscales que esta reforma podría generar para el equilibrio financiero del país.

Impacto fiscal: advertencias de expertos y opositores

A pesar de su aprobación, el proyecto ha generado preocupación en distintos sectores por los efectos que podría tener sobre las finanzas públicas. La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, expresó su rechazo, calificando la reforma como irresponsable. Durante el debate, reveló un análisis del Ministerio de Hacienda que estima que financiar esta reforma requeriría nueve reformas tributarias del tamaño promedio de las últimas realizadas entre 2027 y 2035.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también advirtió sobre el impacto fiscal de la medida. “La discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, su capacidad de ejecución y las necesidades de gasto sectorial”, señaló el organismo. Además, subrayó que aumentar la rigidez en las transferencias podría comprometer el cumplimiento de la regla fiscal y aumentar el déficit estatal.

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Estas críticas reflejan la tensión entre la intención de descentralizar recursos y las limitaciones fiscales del Estado. A medida que el proyecto avanza, los retos de implementación y sostenibilidad serán clave para determinar su éxito.

Redacción El Norte Hoy

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