En medio de una intensa controversia, la Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado contundente al Gobierno Nacional para que ponga fin a los costosos viajes de la primera dama, Verónica Alcocer. Este pronunciamiento surge en el contexto de un proceso judicial en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, que busca invalidar el decreto 0035 de enero de 2023 y, con ello, poner freno a los periplos de Alcocer y su asignación como «Embajadora en Misión Especial».
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Polémica generada por los viajes de la primera dama
Los viajes de Verónica Alcocer han sido motivo de amplio debate, especialmente debido a su impacto en las finanzas públicas y a los encargos a eventos que podrían haber sido asumidos por el Jefe de Estado o el Canciller. La Procuraduría, en un concepto de 18 páginas enviado al Tribunal, detalla las razones legales para la anulación del decreto que otorga a la primera dama un estatus que le permite representar al Gobierno en viajes oficiales.
Argumentos de la Procuraduría
La Procuraduría argumenta que el presidente Gustavo Petro, junto con los directores del Dapre, ignoraron la jurisprudencia que prohíbe designar a personas con parentesco cercano en cargos de este tipo. La institución destaca que el presidente infringió la ley al designar a su esposa como «Embajadora en Misión Especial», dado el vínculo matrimonial entre ambos.
El respaldo legal de la Procuraduría se fundamenta en una decisión de 1995, cuando el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de la esposa del entonces presidente Ernesto Samper, como Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Bienestar Familiar, al determinar que la primera dama no ostentaba la calidad de servidora pública.
La primera dama no es una servidora pública
La Procuraduría destaca que Verónica Alcocer no ostenta el carácter de servidora pública y, por ende, no debería recibir viáticos ni comisiones como lo harían los empleados públicos. En este sentido, el Decreto 460 de 2022 establece claramente que los beneficios de comisiones y viáticos están destinados exclusivamente a los servidores públicos, un estatus que Alcocer no posee.
Conclusiones y solicitudes de la Procuraduría
Ante esta situación, la Procuraduría ha instado al Tribunal a considerar las pretensiones de nulidad del decreto 0035 de 2023, mediante el cual el presidente comisionó a la primera dama como «Embajadora en Misión Especial». Se espera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tome una decisión en función de las argumentaciones presentadas por la Procuraduría, lo que podría tener un impacto significativo en la participación de la primera dama en actividades oficiales y en los recursos del Estado destinados a tales fines.
