La malversación de 4 mil millones de pesos destinados a la alimentación de estudiantes para comprar mansiones y lotes ha conmocionado a la capital santandereana.
En un lamentable giro de los acontecimientos, una reciente investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía ha revelado un escándalo de proporciones mayúsculas. Exalcaldes de Cúcuta y otros exfuncionarios, están en el ojo del huracán tras ser acusados de desviar 4 mil millones de pesos del Plan de Alimentación Estudiantil (PAE) para invertir en propiedades inmobiliarias de alto standing.
El rastro del dinero y los implicados, en su mayoría exalcaldes de Cúcuta
Los fondos desviados provienen de tres contratos destinados al PAE, sumando en total 16 mil millones de pesos. Ocho exfuncionarios públicos habrían aprovechado su posición para desviar parte de estos recursos. Entre los principales señalados figuran Amaris Ramírez París, Cesar Omar Ayala y Ramiro Suárez Corzo, todos ellos exalcaldes de la ciudad de Cúcuta.
José Luis Ramírez, líder de la Dijín, detalló las adquisiciones realizadas con el dinero desviado. “Se adquirieron 108 lotes, se fundaron siete sociedades, se compraron cuatro fincas, tres establecimientos de comercio, tres apartamentos y una casa”, mencionó. Estos bienes, cuyo valor comercial se estima en unos 65 mil millones de pesos, ya han sido incautados por la Sociedad de Activos Especiales.
Le puede interesar: Sobrina de exministro colombiano, víctima de feminicidio en México
Consecuencias sociales del desvío
Este escándalo ha generado una ola de indignación, especialmente en la capital santandereana. Cúcuta, como muchas otras ciudades colombianas, depende en gran medida del PAE para garantizar que sus estudiantes reciban la alimentación necesaria durante sus jornadas académicas. La malversación de estos fondos ha golpeado de lleno a una comunidad educativa ya de por sí vulnerable.
Este desfalco cobra aún mayor relevancia tras las recientes alertas emitidas por la ONU sobre el aumento en los precios de los alimentos, situación que repercute directamente en los costos del PAE en el país. Juan Carlos Buitrago, representante de la Asociación de Bancos de Alimentos en Colombia, señaló que “el plato ideal que plantea el ICBF tiene un costo promedio de 617.000 pesos al mes”.
El desvío de estos recursos, esencialmente destinados a asegurar el bienestar nutricional de miles de estudiantes, no solo evidencia una grave falta ética y moral, sino que también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a los recursos públicos en Colombia.
